Negacionismo abolicionista

En los últimos meses de esta crisis pandémica hemos asistido a la visibilización de posturas que los medios de comunicación, las redes sociales y la clase política han definido como “negacionistas”. Si vamos al diccionario de la RAE, la definición desde luego no encaja muy bien con el nuevo uso en esta coyuntura: “Actitud que consiste en la negación de hechos históricos recientes y muy graves que están generalmente aceptados”. Y el único ejemplo que aporta la RAE remite a la negación del Holocausto (curioso que no se ponga un ejemplo más “español” referido al franquismo, pero lo dejamos estar).

Lo cierto es que, como siempre, los usos sociales del lenguaje se anticipan a la incorporación de los mismos por parte de la Academia, y parece claro que se ha instaurado un uso de este término que no solo remite a acontecimientos históricos, sino también a experiencias y situaciones del presente, como es el hecho de la negación de la existencia del virus COVID-19, de su gravedad y de los propios avances del conocimiento científico en relación a su diagnóstico, la prevención del contagio, los tratamientos o las vacunas.

Yo aquí, sin embargo, no me quiero centrar en ese uso extendido. Más bien, el recurso repetido a ese término entendido como negación de una realidad me ha dado que pensar sobre cómo también se llevan desplegando discursos negacionistas en el feminismo abolicionista (institucionalizado y activista) en relación con la prostitución. Este negacionismo se vuelve muy grave, de hecho, por sus consecuencias en las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales, pero en particular están siendo dramáticas en el contexto de la crisis sanitaria y social para los colectivos de mujeres “en contextos de prostitución” (como las definió la Ministra de Igualdad en esta orientación negacionista que está presidiendo su gestión de la crisis).

Se trata de negacionismo porque el feminismo abolicionista parte de un rechazo sin fundamento del hecho de que la prostitución supone la realización de un trabajo por parte mayoritariamente de mujeres y transexuales (aunque no exclusivamente). Se practica la negación cuando se rechaza abiertamente vincular la prostitución a cualquier línea de intervención institucional y social que suponga el reconocimiento de esta como una actividad laboral. Se niegan, de esta manera, todas las aportaciones que, desde las teorías sociales e incluso jurídicas, se ofrecen como definiciones del trabajo, empezando por la propia OIT, que considera como trabajo “el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos”; y como empleo, todo «trabajo efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie)», sin importar la relación de dependencia (si es empleo dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo).

Si algo nos está mostrando la experiencia de esta pandemia es que, si bien hasta ahora las posiciones negacionistas podían considerarse como poses simbólicas irrelevantes para la vida social, realmente se empieza a evidenciar que se trata de posiciones que pueden conducir a un verdadero desastre para la gestión de situaciones críticas. Sabemos que quienes niegan la realidad no asumen que los actos derivados de sus posiciones pueden poner en peligro la vida de mucha gente y, en este caso, eso es lo que ha sucedido con las “mujeres en contexto de prostitución”.

Obviamente, las trabajadoras sexuales quedan fuera de los ERTE, del desempleo y de las ayudas al trabajo autónomo porque el negacionismo abolicionista no permite que puedan firmar contratos de trabajo ni declararse como trabajadoras sexuales autónomas, aunque sí se permita a los propietarios de “clubs de alterne” (es decir, prostíbulos) su reconocimiento como empresas y negocios y, por tanto, puedan acceder a ayudas gubernamentales en la crisis.

Aunque el Gobierno anunció que las mujeres “en contextos de prostitución” podían solicitar y acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV), dicho anuncio quedó en agua de borrajas para muchas trabajadoras sexuales migrantes cuando, en su desarrollo, se estableció que quedarían excluidas las personas en situación irregular. Solo se harían excepciones con víctimas de violencia de género y víctimas de trata pero, tal como han denunciado distintas ONG (entre ellas, Cruz Roja), ni siquiera han tenido acceso muchas víctimas de trata porque se les exige el pasaporte o permiso de residencia para tramitar la solicitud.

El último movimiento del Gobierno, a instancias de la Ministra de Igualdad, ha sido imponer el cierre de los “prostíbulos” (que legalmente no pueden existir, pero admiten su existencia discursivamente) por “razones sanitarias”, pero sin ofrecer medidas de protección para quienes ejercen la prostitución en dichos negocios. De nuevo el negacionismo como punto de partida de una medida de altísimo peligro para las mujeres más vulnerables: apelar al cierre de estos negocios sin contemplar que la principal fuerza de trabajo de la que obtienen sus beneficios son las trabajadoras sexuales (y no “inquilinas”, como formalmente constan) ha supuesto no ya solo dejar sin ingresos a estas mujeres, sin ayudas como trabajadoras, sino también a muchas de ellas simplemente se les deja sin vivienda o, más grave aún, quedan encerradas en los locales. Todo ello sin tener en cuenta que este recurso a “razones sanitarias” lleva consigo reforzar el estigma sobre las trabajadoras sexuales, dando a entender irresponsablemente que constituyen un foco de peligro para la propagación del virus.

Cuando el movimiento feminista se ha enfrentado a las fuerzas conservadoras para luchar por los derechos de las mujeres (derecho al divorcio, al aborto libre y gratuito, al matrimonio en igualdad de condiciones, a la participación igualitaria en la vida económica, social, cultural y política), siempre ha tenido que combatir los prejuicios que se apoyaban en premisas dogmáticas que negaban la realidad de las mujeres. Resulta bastante preocupante para el feminismo, más aún en estos tiempos de ataques ultraconservadores a los derechos conquistados, que en las filas de un sector del movimiento que, además, está en este momento asumiendo responsabilidades de gobierno en el Estado español y en varias comunidades autónomas, se empiecen a utilizar los mismos discursos y prácticas negacionistas de nuestros “principales enemigos”.

El movimiento PRO DERECHOS de las trabajadoras sexuales realmente lo único que plantea es que la gestión y el activismo político feminista haga suyas las reivindicaciones de las trabajadoras sexuales que demandan el reconocimiento de su condición laboral (como empleadas o como autónomas) y el desarrollo de un marco garantista de sus derechos como trabajadoras. Yo diría que, en realidad, se trata de hacerse eco de la consigna de la propia OIT en su defensa de la universalización del “Trabajo Decente”, para lo que se requiere “respetar los principios y derechos laborales fundamentales”, acceder a un “ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado sin discriminación de género o de otro tipo”, que se tiene que llevar a cabo bajo “protección social”, y con “diálogo social y tripartismo” (es decir, con negociación colectiva en la que se reconozcan las organizaciones de las trabajadoras sexuales y que estas las representen en la negociación de sus condiciones de trabajo). En este momento, es el negacionismo abolicionista el que impide a estas trabajadoras situarse en la posición de acceder a un trabajo “decente”.