Manuel Romero es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la que ejerce como Profesor Titular en el Departamento de Análisis Económico Aplicado impartiendo docencia en Políticas y Economía Pública, y Microeconomía. Es miembro del Instituto TIDES (Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible) de la ULPGC desde el año 2010. Ha publicado el libro “Democracia e Igualdad. El Papel de un Gobierno en la Economía”, en el que establece una vinculación entre el nivel de democracia de un país, la igualdad de oportunidades, y el bienestar social, campo en el que se sigue investigando.
Canarias, pese a ser de los territorios de Europa menos afectados por la crisis sanitaria, va a ser de los más perjudicados por sus consecuencias económicas y sociales, pero más concretamente, ¿de qué manera va a afectar esta crisis a la economía canaria?
En primer lugar, me gustaría comentar que sabemos muy poco de una situación de este tipo, “un crack”. Esta situación se caracteriza, primero, por un patrón de la oferta y, a continuación, lo que esperamos es que vaya a haber un crack de demanda, porque evidentemente hay muchas personas que van a perder renta o ya la han perdido. Pero esta situación es completamente nueva para nosotros, no sabemos lo que va a pasar. Por ejemplo, a mediados de abril, en Noruega empezaron a abrir los primeros comercios y para cruzar el fiordo de Oslo, entre Horten y Moss, que es un punto de conexión que se utiliza para el transporte de mercancías de toda la zona oeste de Noruega que conecta con el sur de Suecia y el norte de Europa, no había plazas y había que esperar para cruzar en el ferri. Es decir, que la demanda se ha disparado.
En particular, en Canarias sí sabemos que el cierre del turismo va a seguir existiendo mientras no haya un mecanismo para controlar la expansión del virus. Evidentemente, mientras no exista una solución técnica para identificar a las personas que tienen el virus o medicamentos o vacunas que lo puedan curar definitivamente, el impacto va a ser muy potente. El impacto del turismo en el PIB de Canarias es superior al 35% y genera el 38% del empleo, aproximadamente. Pero, de momento, no puedo dar un dato de cuánto va a impactar.
El parón turístico, como consecuencia del coronavirus, llega después de una serie de malas noticias para el sector: la quiebra de Thomas Cook, la crisis de las compañías aéreas low cost, el brexit, la desaceleración económica en Alemania, que estuvo a punto de entrar en recesión… ¿Este escenario va a obligar a una reconversión del sector? ¿Es realista seguir pensando en la posibilidad de traer 15 ó 16 millones de turistas anuales?
Absolutamente no es razonable y absolutamente no es rentable social ni económicamente. No pueden tener 16 millones de turistas en una región tan pequeña como la nuestra. Además, si observas cuál es el nivel de gasto por turista en Canarias, está en torno a 140 euros aproximadamente, del que el 80% se queda en origen y el 20%, en destino. Es decir, que en destino los turistas están dejando muy pocos ingresos, muy poca renta. En realidad, lo que está generando riqueza en Canarias es el volumen tan grande de turistas, pero no los ingresos que genera cada turista.
16 millones de turistas genera un coste social muy alto porque consumen carreteras, consumen servicios sanitarios, consumen electricidad -que está financiada por el Gobierno porque nuestra electricidad depende en un 90% de combustibles fósiles-, generan residuos sólidos, consumen agua –que, en nuestro caso, gran parte está producida por desalación y, por lo tanto, por petróleo-. Es decir, que están generando una externalidad muy alta. Por tanto, si bien cabe la posibilidad de que, privadamente, este modelo turístico genere rentabilidad para muchas empresas y empresarios, para la sociedad en general, no la genera por el coste social tan alto.
Creo que lo que sí hay que hacer es fomentar ese cambio de perfil de gasto de manera general, no tiene por qué ser de manera estricta. Es decir, no tenemos por qué renunciar a turistas que van a gastar poco dinero porque hay mercado para todo, pero sí que hay que enfocar el vector del turismo en Canarias hacia un turista de mayor gasto diario para que, de esa manera, sea más rentable socioeconómicamente. También tienes que ver que, con casi 16 millones de turistas, la tasa de desempleo se seguía manteniendo en el 20%, es decir, que ese modelo de turismo no es rentable para las Islas.
El turismo se encuentra ante un parón inédito desde su desarrollo en las Islas, lo que ha provocado que resurja con fuerza el debate sobre la necesaria diversificación de nuestro modelo económico. ¿Es posible diversificar la economía canaria? ¿Qué sectores podrían contribuir al PIB de las Islas a corto o medio plazo?
Hay varios elementos aquí. Si vas a plantear una reconversión industrial, evidentemente no puedes cortar y empezar algo nuevo porque la economía no se mueve de esa manera, sino activada por el sector público pero, también y fundamentalmente, por el sector privado. Entonces, tú no puedes decirle al sector privado “usted tiene que invertir en esta industria”. Tienes que hacer que se genere un atractivo para que empresas y emprendedores decidan invertir en esa industria. Y eso lleva un proceso muy largo.
Lo que sí veo muy claro es que puede haber una evolución progresiva a partir de lo que ya tenemos. Es decir, no tenemos que abandonar nuestra industria turística, esa puede seguir siendo una de las patas fundamentales de la economía en Canarias. Habría que hacer evolucionar esa industria turística y complementarla con otro tipo de industrias. En primer lugar, con todas las que están alrededor del turismo y, para ello, tenemos un patrimonio cultural histórico y un patrimonio natural muy potentes que permiten explotar de una manera más rica esta industria.
También hay una serie de recursos alternativos al turismo. En Canarias tenemos un capital humano muy grande: tenemos una formación, unos jóvenes, y no tan jóvenes también, con una cualificación muy alta en muchos sectores diferentes. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es intentar explotar ese capital humano. El gobierno puede reconducir la promoción de determinadas industrias con ayudas para fomentarlas pero, al final, van a tener que ser necesariamente las empresas privadas las que inviertan en esas industrias. En Canarias tenemos todo tipo de ingenieros, informáticos, investigadores vinculados a las ciencias del mar, etc. Esa segunda pata debería aprovechar ese capital humano. Sin olvidar la posición estratégica que tiene Canarias en el tráfico marítimo vinculado a África.
¿Es necesario redefinir el régimen económico y fiscal de Canarias (REF) para conseguir la diversificación?
Lo que no podemos es seguir quedándonos fuera de Europa. No podemos seguir teniendo un sistema fiscal diferenciado de lo que es Europa porque eso nos deja fuera y plantea una barrera a la hora de intercambiar bienes y mercancías. Desconozco exactamente cómo habría que hacerlo, pero entiendo que eso habría que desarrollarlo en ese sentido. La Zona Especial Canaria (ZEC) sigue siendo, evidentemente, un atractivo muy importante para atraer empresas aquí y eso habría que desarrollarlo, pero evidentemente la estructural fiscal tiene que ser armonizada con el resto de Europa. Es algo que tiene que ser estudiado por los expertos, yo no lo soy, pero lo que sí puedo decirte es que tendría que haber una integración fiscal. Otra cuestión es cómo planteas después bonificar las mercancías que salen o entran de Canarias. No sé legalmente cómo se podría hacer, pero podría haber algún tipo de bonificación, que alguien cuando pague el IVA luego pueda reclamarlo de una manera ágil y eficiente en la administración para que le devuelvan ese IVA, por ejemplo, pero evidentemente eso tiene que evolucionar. Nuestro sistema fiscal actual está completamente desfasado y que las mercancías tengan que pasar por aduana nos deja fuera de Europa claramente y nos convierte en una región mucho más ineficiente.
Lo que sí me gustaría plantear es que esa reconversión industrial del turismo es algo que ya se venía haciendo. Hay muchas empresas que ya se estaban modernizando e intentando diversificarse en el sentido de intentar abandonar ese turismo de sol y playa barato que le llevaba a competir con otros destinos, incluso más competitivos que Canarias por los costes laborales. Había empresas que estaban actualizando sus instalaciones para atraer a turistas de mayor gasto. Hay un caso que conozco muy bien que es el del hotel Santa Mónica Suites que, en mayo de 2015, cerró sus puertas cuando eran unos apartamentos de tres estrellas para, en mayo de 2016, abrirlo como un hotel de cuatro estrellas superior. Es decir, pasó de ingresar 30 ó 40 euros diarios por habitación doble a ingresar 140 ó 150.
Es evidente que el empresario ha conseguido duplicar o triplicar sus ingresos, pero también hay que entender que ese turista, que ahora viene a gastarse 150 euros diarios en un hotel, cuando sale su tarjeta de crédito no es la misma que la del turista que venía a gastarse 40 euros diarios. Es decir, que ese turista también genera un gasto muy superior de lo que es la economía en general. Por tanto, el Gobierno lo que debe hacer es fomentar ese proceso de modernización y, para eso, lo primero que hay que hacer es agilizar todos los trámites administrativos y cualquier tipo de trabas administrativas y urbanísticas que estén limitando este tipo de situaciones. Después, también hay que ofrecer incentivos fiscales.
En 2015 escribí sobre este tema en mi blog. Creo que una buena política fiscal sería una exención parcial y temporal del IGIC y, posiblemente, a través de un acuerdo con el Gobierno central, también del impuesto de sociedades, de manera que las empresas que opten por modernizarse podrían estar exentas, parcial y temporalmente, del IGIC. Esas empresas podrían seguir pagando IGIC sobre el volumen de ingresos que tenían antes de la reconversión hasta un volumen de tiempo suficiente para recuperar la inversión ejecutada para esa modernización. ¿Qué consecuencias tiene esto? Para la empresa, es positivo porque se moderniza y ahorra impuestos hasta que cubre esa inversión que ha realizado pero, para la administración, es a coste cero porque hay una exención parcial solamente, por lo que sigue ingresando impuestos pero en un plazo de tiempo, en lo que la empresa cubre su inversión, empezará a ingresar mayor IGIC. Planteada de esa manera, es una política fiscal encaminada a fomentar el desarrollo de una medida positiva porque que se modernice una empresa beneficia a la economía en su conjunto.
Es usted un defensor de la intervención de los gobiernos en la economía para garantizar la igualdad de oportunidades. En esta crisis, se están produciendo los mayores programas de intervención estatal en Europa y Estados Unidos desde el New Deal. ¿Va a provocar esta crisis la redefinición del papel que los gobiernos han tenido en la economía en los últimos 40 años?
Eso sería lo deseable. En realidad, hay algunos gobiernos que ya lo hacen. Si nos fijamos en los nórdicos, ellos ya tienen muy integrado que sus gobiernos, dentro de un modelo más perfecto, van buscando la integración social y la igualdad de oportunidades. Los que estamos en un escalón inferior tenemos que evolucionar en ese sentido. Y no hablamos de intervención de un gobierno para “dominar” la economía, sino para corregir los fallos de mercado y asegurar que, en los mercados que son relevantes para la sociedad y en los que hay fallos, se puedan alcanzar situaciones de eficiencia y de bienestar social.
Pero, para esto, hay un elemento que es clave: la calidad democrática de los países. Cuando tú tienes una sociedad con una calidad democrática alta, significa que sus gobiernos son meros ejecutores de políticas públicas destinadas al bienestar social. ¿Y cómo se alcanza esa situación? Porque lo que está pasando es que, en la práctica, los gobiernos no defienden los intereses de los ciudadanos. Si realmente hay democracia, significa que los ciudadanos tienen poder para influir en las políticas. Y ocurre que, como somos muchos, hay que elegir unos representantes que tomen decisiones por nosotros, pero esos representantes tienen que hacer lo que los ciudadanos quieren que se haga. Pero, en realidad lo que ocurre es que se vota a representantes políticos y, después, estos hacen o deshacen no en función de lo que los ciudadanos quieren, sino en función de no sabemos muy bien qué.
Si te fijas bien, hay diferentes niveles. Tenemos países, como España y otros europeos, en los que los gobiernos tienden a defender los intereses de los ciudadanos pero no completamente. Es decir, por ejemplo en la crisis anterior, un Presidente del Gobierno ganó las elecciones y, en la primera intervención que tuvo, en diciembre de 2013, dijo: “Hay que apretarse el cinturón, hay que salvar a los bancos, porque si esos bancos quiebran, quiebra el sistema financiero”. Y eso es verdad, pero había otras maneras de salvar la economía. Se podría haber salvado a las familias y las familias habrían podido pagar sus deudas y, por lo tanto, los bancos no habrían quebrado. Sin embargo, el Gobierno de ese momento decidió apostar por la primera vía. Lo que te está diciendo es que, en ese momento, el Gobierno no estaba defendiendo el interés general, sino que defendía unos grupos de interés de la economía.
Si vamos bajando en la escala y miramos a otros países, los gobiernos defienden aún menos los intereses ciudadanos. Por ejemplo, si miramos la parte más inferior de la escala, a Mozambique, está en el puesto 183 ó 184 en la escala de índice de desarrollo mundial, es decir, es uno de los países más pobres del mundo; tiene una esperanza de vida de en torno a 52 años y la gente muere de sida, cólera y muchas enfermedades que son básicas; sin embargo, es uno de los países más ricos. Tiene pesca en abundancia, madera, diamantes, petróleo, gas. Y la pregunta es ¿cómo es posible que ocurra eso? ¿Cómo es posible que, en un país rico en recursos naturales, su población sea tan pobre? Y la respuesta es básicamente porque su gobierno no articula políticas para que sus ciudadanos se puedan beneficiar de los recursos naturales, sino que están ejecutando políticas que permiten economías extractivas. Es decir, que las empresas extranjeras se lleven sus recursos naturales, y hay una componente de calidad democrática detrás de todo eso.
Hay una componente que tiene que ver con la historia política de los países. ¿Qué le pasa a Mozambique? Lo que le pasa es que estuvo 500 años dominado por Portugal y, como consecuencia, generó una cultura política de la que no es fácil deshacerse. La cultura está dentro de nosotros y es como un hábito que nos hace pensar y comportarnos de una manera determinada. Para los políticos de Mozambique, es normal que China se lleve la pesca o la madera, es normal que las empresas petrolíferas se lleven su petróleo. Eso en nuestro país hoy sería impensable, no lo admitiríamos. Y si nos fuéramos a los noruegos, para ellos es impensable que cualquier empresa privada vaya y se lleve su petróleo. España, en 2014, le iban a dar una concesión a Repsol a cambio del 8% de los ingresos. Es decir, depende de la calidad democrática que está muy ligada a la historia de los países.
Precisamente esa va a ser mi pregunta para acabar: usted ha estudiado la relación entre democracia y bienestar, entre calidad democrática y desarrollo económico. ¿Van a estar en mejor posición para salir de esta crisis los países que tengan una mayor calidad democrática?
Absolutamente. Sin ninguna duda. Está demostrado, en la literatura económica y política, que la calidad democrática influye en el crecimiento económico. Los países con mejor calidad democrática van a tener mejor crecimiento económico siempre. Lo que todavía no está demostrado en la literatura científica, y es en lo que yo estoy trabajando para demostrarlo y ya tengo algunos modelos que lo permiten anticipar, es que la calidad democrática influye en el bienestar social, es decir, en cómo se distribuye ese crecimiento económico. Y, sin duda, va a ser así. Además, bajo mi criterio, esas diferencias se van a agrandar aún más. Los países con mayor calidad democrática van a poder salir mejor de la crisis, pero los que tengan peor calidad democrática van a tener unas consecuencias mucho peores.
Parece que no, pero hay que ver cómo han reaccionado los países democráticos al virus en función de su calidad democrática. Y lo que ya podemos ver es que, en Noruega, el confinamiento era voluntario y hubo un parón de la economía, pero fue parcial. Han sido los primeros que entraron en confinamiento con un número muy bajo de afectados. Y también están siendo de los primeros que salen, junto a los de su entorno. Son los países que reaccionaron más rápido y también los que salen más rápido. Sin embargo, España tardó mucho en reaccionar y tuvo una de las situaciones de confinamiento mayores de las que hay en el planeta.
Hay una curva de aprendizaje político en la democracia. Es decir, la Constitución de nuestro país es del año 1978, tenemos 41 años de experiencia democrática, nada más. Y eso lleva un proceso de aprendizaje que quizás los noruegos, que llevan 200 años de experiencia democrática acumulada, estaban más resueltos a proteger con políticas públicas a todos los ciudadanos y tener un sistema mucho más activo a la hora de responder a este tipo de situaciones. España tiene 40 años de democracia y, además, la historia política española no está precisamente plagada de experiencias democráticas que permitieran generar esa cultura para proteger a los ciudadanos.
